Desde la vacuna contra la poliomielitis hasta Internet, la innovación tecnológica en los últimos cincuenta años creó oportunidades para mejorar sustancialmente la calidad de vida. Sin embargo, el cambio tecnológico, de la forma en que ocurrió, no benefició a todos por igual: la brecha entre ricos y pobres se amplió y la integridad ambiental está cada vez más amenazada.

El cambio tecnológico no es unidireccional; existen diversos senderos que se pueden explorar y múltiples formas de explotación y apropiación del conocimiento que se genera. De la misma manera, también existe un abanico de posibilidades para el diseño de la política en ciencia y tecnología (CyT). Por ejemplo, se pueden promover las actividades de innovación de empresas grandes preestablecidas (el modelo coreano) o el desarrollo de empresas emergentes o pequeñas de base tecnológica (el modelo del Silicon Valley, en Estados Unidos); atraer mediante incentivos fiscales a subsidiarias de transnacionales, o utilizar esos recursos para fomentar la innovación de las de capital nacional; aumentar la competencia internacional para generar el desafío de profundizar estrategias innovativas en empresas locales o, en cambio, asegurar un período de protección comercial para que ellas mejoren sus posibilidades de supervivencia en ambientes competitivos, etc. Cada una de estas opciones, que pueden ser defendidas desde distintos argumentos académicos, en los hechos terminarán favoreciendo más a algunos grupos más que a otros.

El diseño de la política en CyT es el resultado de un proceso de negociación entre las partes implicadas. Así, los actores que detenten mayor poder de negociación tendrán una influencia superior a la hora de hacer valer sus intereses y plasmarlos en la agenda política en CyT. A su vez, no se trata sólo de actores del país: la agenda política debe alinearse a los acuerdos internacionales que subscribe el gobierno. Por tanto, recibe también presiones de actores internacionales que restringen severamente su margen de maniobra.

A fin de asegurar una distribución más equitativa y sustentable de los beneficios de la innovación tecnológica, los países tienen por delante el desafío de democratizar el diseño de sus agendas en CyT, debatiendo abiertamente las direcciones del cambio tecnológico que se deseen promover.

En Argentina, la mayor visibilidad de las políticas de CyT, especialmente desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007, constituye una oportunidad para emprender estos debates en diálogo con otros países en de-sarrollo. En particular, es de vital importancia reflexionar acerca de la necesidad de preservar el conocimiento científico en el dominio público. Si bien la innovación tecnológica ocurre fundamentalmente dentro del ámbito privado, para innovar las empresas dependen fuertemente de su entorno: el aprendizaje y la innovación son procesos interactivos que requieren de un intenso intercambio de conocimiento. Son numerosos los ejemplos de innovaciones emprendidas por empresas privadas que para concretarse se valieron del acervo público de conocimiento.

Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la amenaza de una apropiación privada del conocimiento en CyT. Por un lado, como resultado de presiones nacionales e internacionales por una mayor protección de la propiedad intelectual. Por el otro, como consecuencia de una promoción más intensa de las vinculaciones entre actores públicos y privados. Si bien estas vinculaciones resultan beneficiosas para dinamizar la innovación, también conllevan riesgos. Resaltamos dos relacionados con la privatización de la investigación pública en CyT. Primero, las empresas suelen requerir protección intelectual, ya sea mediante patentes o secreto, de los resultados de las innovaciones que se produzcan en el contexto de la vinculación. Esto afecta el potencial creativo de los esfuerzos públicos actuales en CyT –ya que restringiendo el acceso se limita la producción futura de conocimiento–. Segundo, existe el riesgo, especialmente ante las restricciones presupuestarias que enfrentan los organismos públicos de investigación, de que las vinculaciones orienten la agenda de investigación pública hacia áreas favorables a los intereses del sector privado que pueden no coincidir con las socialmente deseables.

En suma, la política en CyT enfrenta el desafío de democratizar tanto la discusión sobre la direccionalidad del cambio tecnológico, como la negociación de una agenda en CyT. Los senderos de cambio tecnológico son múltiples y sus consecuencias no se pueden predecir con certeza. Por eso, también para el éxito de este proceso de democratización, es necesario preservar en el dominio público el conocimiento que produzcan las acciones en CyT a fin de monitorear permanentemente su impacto.

Por Valeria Arza


Publicado en Página/12

12 de julio de 2010

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