La energía nuclear y el uso de pesticidas son dos casos controvertidos vinculados al modelo de desarrollo local. En un seminario interno de STEPS, investigadores debatieron sobre el vínculo entre ciencia y movimientos sociales.

Agustín Piaz, Doctor en Ciencias Sociales del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, y Florencia Arancibia, Doctora en Sociología de CENIT/UNTREF, presentaron sus tesis doctorales vinculadas a controversias en torno a la tecnología, durante un seminario interno de debate y reflexión con investigadores invitados y de la institución.

Arancibia lleva más de 10 años analizando los conflictos sociales que se han generado vinculados a las regulaciones de uso de pesticidas en el país. Piaz, en cambio, se dedica al estudio de resistencias al desarrollo de tecnología nuclear en Argentina. Ambos investigadores analizaron casos de estudio concretos.

En detalle, Piaz evaluó los movimientos sociales en torno a la contaminación ambiental y los riesgos para la salud planteados por los vecinos del Centro Atómico Ezeiza, en Buenos Aires, y por la planta de tratamiento de residuos radiactivos Dioxitek, en Córdoba. Arancibia, en cambio, analizó la organización de madres del barrio de Ituzaingó, también en Córdoba, y las campañas para restringir el uso de glifosato, desde el año 2001 hasta el 2013.

“Las discusiones que empiezan por un motivo particular no pueden pensarse de manera disociada de otros movimientos en contra de la tecnología nuclear”, comentó Piaz y agregó que desde los años 80, cuando comenzaron los primeros reclamos en contra de estos desarrollos, “hubo un crecimiento en la retórica de los argumentos en contra de esta tecnología, pero también a favor de ella, como los que afirman que llevaban trabajo y desarrollo al lugar en los que se instalan”.

Asimismo, el especialista consideró que los datos obtenidos durante su estudio le permiten corroborar la implementación del concepto teórico de “nuclearidad”, de Gabrielle Hecht, según el cual esta no se da por el uranio en si mismo, sino por el posicionamiento del contexto en el que dicho mineral se encuentra. En el caso argentino, por ejemplo, relató que si bien el desarrollo de tal tecnología ha sido uno de los iconos de soberanía, independencia tecnológica y progreso económico, el proceso de construcción social en tanto amenaza para la salud y el ambiente comenzó a discutirse en los años ´80 y adquirió más visibilidad a partir del 2000, posiblemente en relación con la centralidad que comenzó a tener la cuestión ambiental en América Latina, tras el avance de la minería a cielo abierto, las papelera y las discusiones en torno a los agrotóxicos.

Desde entonces, la discusión se potenció y empezó a articular con otros reclamos, se formaron colectivos de actores informados, organizados y comprometidos con la discusión pública por el desarrollo del país, y los argumentos incorporaron saberes y datos técnicos que discuten fuertemente con aquellos sectores que la presentan como una tecnología limpia, segura, barata y necesaria. “Todo eso tiene impactos tecnológicos, como la revisión y actualización de los métodos de tratamiento de residuos radiactivos, la revisión de ubicaciones, la producción de información y la gestión de los procesos de comunicación”, destacó Piaz.

En el caso del uso de pesticidas, en cambio, Arancibia advirtió que si bien se ha logrado darle visibilidad internacional al conflicto, aún hoy las reglas de uso de pesticidas están descentralizadas por provincias y municipios, que el glifosato (que se aprobó en los 70) sigue siendo clasificado por SENASA como un producto de “baja toxicidad” (en base a cuestionadas mediciones que solo miden el riesgo letal agudo) y que por eso no hay restricciones para su comercialización y uso a nivel nacional.

“Los vecinos de un barrio de Córdoba rodeado de campos de sojas resistente al glifosato empezaron a ver más enfermedades y lo denunciaron, pero las autoridades les reclamaron pruebas científicas, sin aplicar el denominado principio precautorio”, comentó Arancibia, que analizó el rol de la ciencia en los movimientos sociales y su impacto en las regulaciones y se centró en los conflictos en torno a la regulación que rige sobre su uso, que comenzó a expandirse desde hace más de 20 años, luego de la aprobación del uso soja transgénica en el país, en 1996.

Las denominadas Madres de Ituzaingó se formaron en el año 2001, luego de que comenzaran a detectar un incremento de cáncer, leucemia y otras enfermedades entre sus vecinos y decidieran hacer un mapa de los enfermos del barrio que presentaron ante las autoridades: “no fueron escuchadas, las empezaron a tratar de locas y no les daban respuesta a los problemas. Entonces, empezaron a organizarse y se dieron cuenta de que sin apoyo científico, sus reclamos quedaban en la nada”, subrayó Arancibia y explicó que, cuando las poblaciones buscan pruebas científicas de sus padecimientos, muchas veces no las encuentran.

“Es lo que algunos autores denominan ciencia no hecha”, comentó la especialista y agregó que, por otro lado, las políticas regulatorias se basan en un tipo de conocimiento particular, que el especialista norteamericana en Ciencia y Tecnología Sheila Jasanoff denomina “ciencia regulatoria”, que se refiera a un conocimiento que se produce con fines meramente políticos en ámbitos no académicos, por parte de comités de expertos elegidos arbitrariamente por los funcionarios sin pasar por los mismos mecanismos de “control de calidad” (como publicaciones y revisiones de pares) por los cuales se valida la ciencia tradicional. De hecho, muchas veces las conclusiones se elaboran con tiempos apremiantes, sin la suficiente evidencia empírica y con fuertes presiones por parte diversos sectores económico”, explicó Arancibia y detalló que a partir de entonces, se acercaron a una ONG ambientalista, luego viajaron a Buenos Aires adonde encontraron apoyo en otra organización civil vinculada al agro, y más tarde también recibieron el aporte de médicos que sumaron información en base a los pacientes que atendían en los hospitales.

En el ámbito académico, esta controversia potenció las investigaciones sobre efectos de glifosato y pesticidas en general, tanto sobre el ambiente como sobre la salud de la población. Por el contrario, en el ámbito regulatorio no fue mucho lo que se logró: “no hubo un cambio en la clasificación de la etiqueta con la que se vende el glifosato ni en la clasificación metodológica de toxicidad; tampoco se promulgó una ley nacional de pesticidas para homogeneizar reglas de uso a nivel nacional”, afirmó Arancibia y concluyó: “la producción de evidencia por sí sola no alcanza para cambiar la política… La pregunta sería, cómo pueden las comunidades que experimentan efectos negativos de nuevas tecnologías hacer valer su voz y hacer visibles sus experiencias”.