La actividad agrícola es central para Argentina. Las semillas son un insumo clave para la producción agrícola. El que controla la semilla, por lo tanto, tiene la capacidad de incidir o controlar la entera cadena de valor de la producción de alimentos y de determinar los resultados de cualquier política agrícola y alimentaria.

Argentina está discutiendo una nueva ley de semillas, la que estipula cuánto puede controlar (qué parte de la semillas y por cuánto tiempo) el que es designado “propietario”, por parte del Estado, de una nueva variedad de semilla.

Hasta hace muy poco, aunque con algunas controversias y disputas, los derechos de propiedad intelectual de semillas – regulados por le ley de semillas adherida a los acuerdos UPOV, versión 1978 – eran aceptados por la mayoría. Estos garantizan a los mejoradores de semillas la exclusividad en la explotación comercial de una nueva semilla registrada, durante un período, pero permiten a los agricultores reusar sus semillas (i.e. respetan el denominado privilegio del agricultor) y; a los fitomejoradores, el derecho de utilizarlas como fuente de información para futuras mejoras (i.e. respetan la denominada excepción del fitomejorador).

Sin embargo, a  partir de la creciente participación de grandes empresas multinacionales químicas que antes no participaban en este negocio y la aplicación de técnicas de ingeniería genética en la mejora vegetal, que se pueden patentar, la situación se complicó; ya que ahora se superponen dos regímenes bien diferentes de derechos de propiedad intelectual (DPI) para las semillas. El que se deriva de la ley de semillas, que se aplica a las mejoras en germoplasma; y el de patentes, que se utiliza para las mejoras hechas utilizando ingeniería genética. Los problemas surgen porque el segundo, a diferencia del sistema que se deriva de la ley de semillas, permite a los que poseen una patente: (i) impedir que se respete el “privilegio del agricultor” y la “excepción a la investigación”, (ii) proteger un rasgo o nueva característica (digamos resistencia al glifosato) en múltiples variedades de semillas e, (iii) impedir que se utilicen las futuras generaciones de la semilla, si la patente cubre un rasgo genético que se propaga de una generación de la semilla hasta la próxima.

El sistema ofrece por tanto niveles desiguales de protección para los que hacen mejoras en germoplasma y los que hacen ingeniería genética, y ha empezado a ser cuestionada por algunas empresas del sector. También está empezando a ser cuestionada por los productores agropecuarios, por los conflictos que se generan por el acceso a las tecnologías incorporadas en las semillas que están patentadas. Para dar respuesta a estos conflictos se inició un proceso de discusión para una eventual reforma de la ley de semillas que data de 1973. Sin embargo, la reforma no ha prosperado dadas las dificultades crecientes que existen  para conciliar todos los intereses y posiciones encontradas en torno a las distintas funciones sociales y económicas que deben cumplir las semillas.

Las múltiples funciones de las semillas

En primer lugar, las semillas han sido y son un insumo clave para la agricultura familiar, fuente de seguridad alimentaria y diversidad económica, social y productiva.  Los pequeños agricultores guardan cada año sus mejores semillas, y sin pagar costo alguno, las vuelven a utilizar al año siguiente. Las mejoras en las semillas las introducen mayormente ellos mismos, conservando las características que mejor se adaptan a su ambiente, en base a su observación y experiencia y, sólo acuden a los mejoradores de semillas para hacer frente a nuevas enfermedades o cambios climáticos abruptos. Reclaman por lo tanto poder acceder libremente a las semillas y poder reutilizarlas.

En segundo lugar, las semillas son también un insumo para la producción agrícola en gran escala o industrial, y como tal, prestan varios servicios a los medianos y grandes productores agrícolas , como la resistencia a enfermedades y los aumentos de productividad. Las empresas mejoradoras de semillas desarrollan estas mejoras tecnológicas interfiriendo en los procesos que se darían naturalmente, y tienen amplio interés en que el sistema regulatorio les permita cobrar por éstas y así recuperar sus inversiones; lo cual es difícil porque la semillas a diferencias de otros bienes, se auto-reproducen. Reclaman por lo tanto que se refuercen los derechos de propiedad intelectual (DPI), y que el Estado asegure que se cumplan.

En tercer lugar, las semillas (como cualquier otro organismo vivo) son también un reservorio y banco de información genética y por lo tanto, un insumo clave para la investigación y el desarrollo de nuevas características y semillas.  El riesgo percibido por muchos mejoradores, es que la nueva legislación, si refuerza los DPI, restrinja el uso de las variedades protegidas como fuente de información para la investigación y el desarrollo a futuro de semillas mejoradas.

Finalmente, las semillas prestan el servicio, de ser fuente de biodiversidad y preservar la vida. El amplio desarrollo y difusión de la agricultura intensiva y la promoción casi exclusiva de algunas variedades de alto rendimiento, ha traído como consecuencia una inquietante pérdida de biodiversidad agrícola a nivel mundial. En un informe de 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmaba que en un solo siglo el planeta habría perdido más del 75 % de su biodiversidad agrícola. Algunos actores de la sociedad civil preocupados por la sustentabilidad de los sistemas de producción actuales, reclaman por lo tanto que no se incrementen los DPI ya que perciben que esto seguirá favoreciendo la concentración de propiedad y de cultivos, y aumentando los riesgos de pérdida de diversidad genética.

Ganadores y perdedores

Dos cuestiones son evidentes a partir de este análisis. En primer lugar, que cualquier proceso de toma de decisiones que no sea inclusivo y democrático resultará insatisfactorio. En segundo lugar, que aunque el proceso sea democrático, amplio e inclusivo; cualquier cambio en la ley (o no cambio) traerá beneficios para algunos y costos para otros.

Si no se implementan mecanismos e instituciones para dar un debate amplio e inclusivo en torno a la reforma de la ley, es muy probable que algunas voces, que representan ciertos intereses, se escuchen y se valoren, y otras no, y que, por lo tanto, importantes aspectos vinculados al futuro de las semillas y centrales al desarrollo sustentable de la Argentina queden afuera.

Una pregunta importante luego es:¿Contamos en Argentina con instituciones e instancias que aseguren que la toma de decisiones en estos aspectos tan centrales a nuestro desarrollo y con fuertes implicancias para el desarrollo sustentable de largo plazo del país, se tomen con representación de todos los sectores de la sociedad? Porque si no es así, deberíamos pensar seriamente en incentivarlas.

La otra pregunta es: ¿Estamos dispuestos a discutir abiertamente y reconocer cuáles serían los costos esperables asociados a cualquier decisión que se tome? Porque es evidente que cualquier cambio en la ley, traerá costos sociales y económicos importantes. El fortalecimiento y aplicación más extendida del sistema de patentes para variedades vegetales dejará a muchos con la sensación de que seguimos la carrera tecnológica, pero al mismo tiempo contribuirá a reforzar el poder de las MNCs dueñas de los genes, desfavoreciendo a las empresas e instituciones locales y al sistema en su conjunto, si se tiene en cuenta la diversidad tecnológica, económica y social, las posibilidades de hacer política agrícola y la soberanía alimentaria.Esto sucederá de todos modos, sin embargo, también, si no se hace nada, ya que los desequilibrios existentes entre el sistema de patentes y de obtentores vegetales desfavorecen a las empresas que desarrollan germoplasma (y por lo tanto la diversidad de mercado al menos). No obstante, si se hacen más fuertes los derechos de obtentores vegetales, se favorecerá a las empresas e instituciones domésticas que desarrollan germoplasma, dándoles mayores oportunidades para recuperar sus inversiones y defender su posición frente a las multinacionales dueñas de los genes; pero dependiendo de cómo se instrumenten los cambios, se podría perjudicar a los pequeños agricultores y poner en riesgo la diversidad social, económica y biológica.

Quizás este es el costo que queremos pagar como sociedad por privilegiar, por ejemplo, el sistema agrícola intensivo. Pero si este es el caso, es necesario reconocerlo abiertamente y discutir conjuntamente cuál es el modelo agrícola que se está favoreciendo, cuáles son las razones por las cuales se ha tomado esa decisión; que se identifiquen claramente cuáles son los beneficios que se esperan obtener y reconocer claramente los costos y riesgos de la acción elegida y quién los va a pagar, si es posible pagarlos, porque algunos efectos pueden ser irreversibles.