La investigación y el desarrollo (I+D) en transgénicos constituye una de las prioridades de la agenda de ciencia y tecnología local. Existieron importantes inversiones públicas en el desarrollo de capacidades relacionadas con la ingeniería genética. Además, los sistemas regulatorios, en particular la propiedad intelectual, claramente favorecen los desarrollos transgénicos por sobre otro tipo de desarrollos. Tres tipos de argumentos son utilizados para justificar este apoyo y pedir incluso más soporte desde el Estado: 1) que la transgénesis ha sido muy importante en la explicación de los aumentos de productividad en la agricultura argentina. 2) que la transgénesis, en comparación con otras técnicas de mejoramiento de semillas, representa un salto cualitativo que la convierte en la tecnología del futuro, 3) que la transgénesis podría entregar aún más beneficios sociales si ésta se gestionara y controlara desde el Estado, ya que podría satisfacer demandas sociales amplias (como, resistencia a pestes locales), no atendidas por la inversión privada. En general, los múltiples costos que han sido atribuidos a la difusión de transgénicos y su paquete de tecnologías asociadas, se ignoran, o se argumenta que si el Estado asumiera un rol más activo, podrían ser compensados por los amplios beneficios económicos que se le atribuyen. Estos argumentos tienen varios problemas. Primero, no hay evidencia conclusiva, ni en Argentina ni en el exterior, que indique que existe una asociación positiva entre la introducción de transgénicos y el rendimiento de la tierra. Es clara la asociación entre transgénicos y rentabilidad privada –vía reducción en los costos de los pesticidas y herbicidas—, pero no lo es la asociación entre transgénicos y rendimiento por hectárea–, la cual sí se ha encontrado más claramente asociada a mejoras introducidas con otras tecnologías de mejoramiento vegetal, como el cruzamiento clásico (asistido por biología molecular) y la mutagénesis. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el desequilibrio a favor de la transgénesis cuando son los aumentos en el rendimiento de la tierra los que representan mejoras de mayor valor social, en la medida que son permanentes? Segundo, dado que por el momento son pocos los eventos transgénicos disponibles en el mercado, en gran parte la evaluación del posible desempeño e importancia de la tecnología a futuro depende de las expectativas, pero éstas difieren significativamente según el tipo de actor. ¿Sobre la base de las expectativas de quiénes debería ser financiada la inversión en transgénesis? Porque para algunos actores esta tecnología representa un cambio radical en el mejoramiento vegetal (y animal) ya que permitiría ampliar hacia otras especies el pool genético que puede utilizarse en el mejoramiento. Mientras que para otros actores, los desarrollos en transgénicos amenazan la diversidad genética y económica, podrían generar efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente difíciles de predecir, contaminan los cultivos no transgénicos e inducen a una mayor concentración productiva. Tercero, resulta ingenuo pensar que se puede separar la “tecnología” de las instituciones que han contribuido a su desarrollo y difusión. El desarrollo de los transgénicos respondió a las estrategias de las empresas multinacionales (EMs) de generar desarrollos que les permitieran apropiarse del conocimiento, creado por ellas y por otros actores. Los marcos regulatorios internacionales que ellas mismas promueven les son funcionales a ese objetivo. En verdad sólo estados muy poderosos, de la envergadura de China han logrado algunos desarrollos en transgénicos que responden a sus necesidades locales negociando de igual a igual con las EMs. ¿Es posible pensar nuevas estrategias de investigación con un rol más preponderante del Estado, sin modificaciones profundas en los sistemas regulatorios globales (ej. de bioseguridad y derechos de propiedad) que contrabalanceen el poder de las EMs? Finalmente, no es claro que cualquier costo que se genere por la tecnología pueda ser compensado, ya que la mayor parte de estos costos, como los que se podrían generar sobre la biodiversidad, ambiental, productiva y tecnológica, son irreversibles. Además, dado el rol dominante que tienen los transgénicos en la agenda de I+D actual, hay muchos otros costos potenciales que no se conocen porque no se ha generado información científica suficiente ni se ha buscado validar información disponible producida por otros actores de la sociedad. Es importante repensar la política de I+D en biotecnología agrícola y equilibrar los sistemas de apoyo y las regulaciones asociadas de manera tal de asegurar la diversidad tecnológica y promover el desarrollo autónomo del país. Sólo a partir de la democratización del debate y la apertura de la agenda de I+D en biotecnología se pueden alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. Por Anabel Marín, Valeria Arza, Patrick van Zwanenberg y Mariano Fressoli


Publicado en Página/12 26 de mayo de 2014

 

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