El conocimiento y la experticia juegan un papel central en gran parte de los procesos de decisión sobre ciencia, la tecnología y la innovación – incluyendo desde decisiones sobre qué tipo de investigación se realiza o qué tipo de desarrollo tecnológico apoyan los gobiernos (y cuáles no), hasta las decisiones sobre si determinadas tecnologías deberían ser reguladas en vistas del interés común, y en tal caso, cómo-. Ya sea que se trate de cuestiones relacionadas con el impacto económico de nuevos cultivos genéticamente modificados, la elección entre diferentes tipos de fuentes de energía, la búsqueda y la factibilidad de producir conocimiento de base para la agricultura sostenible, o los efectos potencialmente dañinos de los pesticidas, es obvio que el conocimiento científico, técnico y económicos resulta indispensable para la toma de decisiones.

Las evaluaciones técnicas que informan la política pública se presentan en general como el resultado de un proceso objetivo de indagación, en el que no tienen lugar opiniones subjetivas. Sin embargo, en realidad, las evaluaciones de los expertos típicamente deben recurrir a un amplio espectro de juicios y suposiciones. De esta manera, es importante preguntarse, por ejemplo: ¿Deberían las evaluaciones de impacto económico de cultivos transgénicos compararse con los beneficios que producen las innovaciones en los cultivos tradicionales, o deberían ser analizadas sin comparación? ¿Qué tipo de costos y beneficios deberían incluirse (y excluirse) de las evaluaciones de los planes de inversión en nuevas fuentes de energía? ¿Qué tipo de evidencia es suficiente para obtener juicios informados sobre la seguridad de los pesticidas agrícolas, y cómo debería considerarse la incertidumbre a la hora de evaluarlos? ¿Qué tipo de elementos del contexto social y económico deberían incluirse en los procesos de decisión sobre el diseño de las prácticas regulatorias para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías? Las respuestas a este tipo de preguntas no dependen exclusivamente de la evidencia, y no obstante tienen implicancias importantes para los resultados que se obtienen durante la evaluación de expertos.

Así, una línea de trabajo dentro de esta área se enfoca en el estudio de la política de los procesos de evaluación de expertos. Nos preguntamos por ejemplo: ¿Qué tipo de suposiciones y juicios se realizan durante la evaluación de expertos y por qué? ¿Cuáles serían las implicancias de utilizar formas de evaluación y suposiciones alternativas? ¿Qué tipo de procesos permitirían ampliar los procesos de evaluación social y empírica de las evaluaciones tecnológicas? ¿De qué manera la incorporación de mecanismos más abiertos y colaborativos de producción de conocimiento podrían mejorar el proceso de evaluación?

Una segunda línea de trabajo se ocupa del análisis de la política de regulación en sí misma. Aquí nos preguntamos: ¿De qué manera las regulaciones, por ejemplo sobre propiedad intelectual o bioseguridad, afectan el desarrollo de capacidades de innovación y desarrollo de las empresas locales y/o las direcciones de cambio tecnológico? ¿Qué impacto tienen las regulaciones sobre el estilo de vida de los usuarios de ciertas tecnologías? Y, ¿quiénes se benefician y quiénes no con la implementación de nuevas regulaciones?


Proyectos

Trayectorias dominantes en recursos naturales y sus implicancias en la sustentabilidad. El caso del algodón transgénico en el Mercosur, 2010-2012